INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos del pasado 11 de septiembre han puesto nuevamente en evidencia que el terrorismo internacional, con su estado de desolación y muerte, constituye uno de los más importantes desafíos para nuestra Organización. Un desafió que exige de nuestra parte una respuesta urgente, enérgica y efectiva.

Combatir el terrorismo internacional es una responsabilidad de todos. En Colombia una de las manifestaciones del terrorismo se ha apoyado en otra actividad criminal que también tiene repercusiones globales: la actividad relacionada con el problema mundial de las drogas ilícitas. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la lucha de la comunidad internacional contra el problema mundial de las drogas, donde se ha aceptado el principio de la responsabilidad compartida, es un puntal determinante en la lucha contra el terrorismo. De igual forma, el éxito en el combate al terrorismo internacional dependerá de la medida en que hagamos efectivo también en este campo el principio de la responsabilidad compartida. En esta lucha a cada Estado le debe corresponder una tarea de acuerdo con sus condiciones y capacidad para llevarla a cabo Los actos, métodos y prácticas terroristas constituyen acciones criminales injustificables y contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Ponen en peligro la convivencia pacifica y civilizada de nuestros pueblos, la estabilidad de nuestras instituciones y la paz y la seguridad mundial.

Pero hay una realidad que nos golpea y desconcierta: la incapacidad de nuestra Organización para actuar en forma permanente, consistente y efectiva frente al terrorismo internacional. Tenemos que encontrar métodos e instrumentos que nos permitan, mediante una acción unificada y concertada en el ámbito global, regional y nacional, prevenirlo, combatirlo y derrotarlo. Para ello Bebemos adelantar acciones simultaneas en distintos frentes.

Colombia considera fundamental el fortalecimiento institucional de la ONU en materia de lucha contra el terrorismo internacional. la dimensión de esta amenaza a la paz y la seguridad amerita que nuestra organización establezca una responsabilidad concreta a través de una oficina, un programa o un organismo del más alto nivel y con apropiada financiación, para coordinar esfuerzos en la prevención, el combate y la erradicación del terrorismo internacional.

Es cierto que en cada período de sesiones la Asamblea General ha venido aprobando una resolución sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional. En ella se condenan enérgicamente todos los actos, métodos y prácticas terroristas, se califican de injustificables cualquiera que sean sus consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas o religiosas, y se exhorta a los Estados a adoptar medidas y a cooperar en la lucha contra el terrorismo internacional. Pero también sabemos que en los últimos años no ha habido consenso sobre esa resolución y que la Asamblea General ha debido adoptaría por votación. Debemos aprovechar el momento que se ha creado con esta tragedia para retomar el impulso, flexibilizar posiciones y lograr una unidad que resulta fundamental para avanzar en la lucha contra este flagelo del siglo XXI.

Tenemos que superar las diferencias de criterio que han impedido durante muchos años llegar a un consenso sobre una definición de terrorismo internacional y sobre las personas a quiénes deben aplicarse los convenios sobre terrorismo. Colombia considera que el terrorismo internacional se diferencia de otros graves crímenes por su finalidad de producir terror en la población y desestabilizar u obligar a un gobierno, o a una organización internacional, a hacer o dejar de hacer algo. Para nosotros, reitero, el terrorismo se define por su finalidad y, por lo tanto, condenamos cualquier acción terrorista, independientemente de quienes sean sus autores, sus motivaciones, métodos, prácticas o lugares de perpetración. Debemos liberar de una vez por todas el tema del terrorismo de su contenido político para poder combatirlo como lo que es, un grave crimen contra la vida de personas inocentes. Ha llegado el momento de expresar, a una sola voz, nuestro firme rechazo a los actos terroristas y a quienes los apoyan y patrocinan, de enunciar una política de cero tolerancia con el terrorismo internacional.

Colombia apoya sin vacilaciones los trabajos del Comité Especial sobre terrorismo y se compromete a participar de manera constructiva en la próxima reunión del Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión que negocia el proyecto de convenio general sobre terrorismo preparado por la India, con miras a que se adopte en el presente período de sesiones. Igualmente, esperamos que los Estados puedan superar sus diferencias sobre el proyecto de convenio para la represión de los actos de terrorismo nuclear, cuya adopción se hace hoy más necesaria y urgente.

La legislación colombiana ha establecido estándares exigentes que nos permiten mostrar hoy una exitosa experiencia en la acción judicial contra las fuentes de financiación del crimen organizado. Una experiencia que podemos aplicar a la lucha contra el terrorismo internacional. Adicionalmente, hemos logrado una muy fluida cooperación con organismos nacionales de los Estados Unidos y de varios países suramericanos y europeos. Hemos cumplido todas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para eliminar el lavado de activos y estamos dispuestos a cooperar y a prestar la asistencia técnica que sea necesaria.

En este convencimiento Colombia, como miembro del Consejo de Seguridad, votó a favor de la Resolución 1373, por la cual se impone a todos los países la obligación de prevenir y eliminar la financiación de actos terroristas y cooperar en este empeño. Igualmente, hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde por ejercer la Presidencia del comité de sanciones sobre Afganistán, a través del cual se aplica a los talibanes el único régimen de sanciones vigente y activo en las Naciones Unidas destinado expresamente a combatir el terrorismo internacional. Nuestra experiencia nos permite afirmar que aún hay mucho por hacer en materia de efectividad de las sanciones. El mecanismo de monitoreo aprobado el pasado mes de julio ha representado un importante avance en la materia.

En días pasados, nuestro país respaldó la convocatoria a la reunión de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mecanismo básico de defensa colectiva de los países americanos. En ella se estableció que los ataques terroristas contra los Estados Unidos de América son ataques contra todos los Estados del hemisferio y que serán enfrentados por todos mediante mecanismos de asistencia recíproca. También participamos activamente en la reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos en la que se decidió, por iniciativa de Colombia, entre otros países, la negociación de una convención interamericana contra el terrorismo y el fortalecimiento del CICTE-Comité Interamericano Contra el Terrorismo, con miras a intensificar la lucha contra este crimen mediante la adopción de medidas urgentes dirigidas a mejorar la cooperación interamericana en esta materia.

Permítame terminar reiterando el firme compromiso de mi país con la lucha contra el terrorismo internacional e insistiendo en la necesidad de una respuesta urgente, enérgica y efectiva de la Organización de las Naciones Unidas frente a esta amenaza real a la paz y la seguridad internacional.

El estallido ocurrió pasadas las 2 p.m. del domingo 26 de enero de 2003 en el caserío Pueblo Nuevo, frente a un retén del Ejército y cuando sin intentar bajarse del automóvil, el chofer detonó la carga explosiva.

Seis soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y el conductor del vehículo murieron, cuando presuntos guerrilleros de las Farc activaron el carro que detuvo su marcha al frente de retén militar, para una requisa que estaba siendo coordinada directamente por el general Alonso Ortiz, comandante de esa división especializada y quien salió ileso del atentado.

Ocho militares más resultaron gravemente heridos como consecuencia de la explosión que ocasionó daños a varias viviendas de este caserío situado a cuatro horas de la capital araucana.

Las autoridades militares no descartan que el ataque haya sido dirigido contra el propio general Ortiz. "A las 2:00 de la tarde y cuando la Fudra hacía una operación de registro y control, un carro paró en el retén que se había dispuesto en ese lugar e inmediatamente explotó. No cabe duda que fueron las FARC", dijo el mayor general Eduardo Morales Beltrán, comandante de la Segunda División, con sede en Bucaramanga.

Al Hospital Militar de Bogotá fueron trasladados anoche los soldados Juan Fernando Rojas, Jorge Enrique Lleras, Javier Garzón Medina, Guillermo Lunpaque Rodríguez, Ermes José Burgos, Carlos Omaya García y dos uniformados más cuya identidad se desconocía. Todos ellos presentan heridas de diferente consideración.

De la persona que conducía el carro nada se sabe debido al estado de desintegración en que quedó el cuerpo. Versiones preliminares revivieron el viejo temor de que las FARC estén forzando a civiles a transportar y detonar estos explosivos, o que estén obligando a sus propios hombres a inmolarse en este tipo de hechos.

Los nombres de los uniformados muertos no habían sido revelados por la brigada 18 del Ejército, y prevalecía un hermetismo total frente al atentado de ayer.

Con el carro bomba de Pueblo Nuevo, ya son cuatro los ataques de este tipo que han perpetrado los frentes 10 y 45 de las Farc, según señalan las autoridades, en lo que va del 2003. En ellos han muerto doce personas y 27 han resultado heridas.

Los actos terroristas de este año en Arauca comenzaron el 8 de enero en Arauquita cuando un hombre que trató de ingresar con un carro lleno de explosivos a la base militar de la zona murió en la explosión. Allí quedaron heridos los soldados Eduard Yáñez Rodríguez, Eider Herrera Pallares y la mujer Gladys Miriam Marín Castillo.

Un día después, en el sitio La Y, en Fortul, una explosión similar mató a los ganaderos Sergio Ayala, Eliseo González, a otro habitante más y a Jorge Avendaño, como fue identificado inicialmente el conductor del coche bomba. En el lugar 14 personas fueron heridas al ser alcanzadas por las esquirlas.

El último atentado ocurrió el 11 de enero en la entrada de Tame cuando, obligado por las Farc, Mauricio Avendaño Camargo, hermano del chofer del carro que estalló en Fortul, condujo un vehículo lleno de explosivos hasta pocos metros antes de una guarnición militar. Una de las tres cargas explotó y ocasionó heridas leves a Avendaño.

Interrogado posteriormente el hombre reveló que tras ser secuestrado, el 2 de enero, junto con sus dos hermanos, fue presionado por la guerrilla a cometer el atentado. Del paradero de Rafael Ignacio, el menor de los tres hermanos retenidos por la guerrilla, nada se conoce.

La vereda Pueblo Nuevo es paso obligado de las Farc para llegar a las más de 12 mil hectáreas de coca que hay sembradas en la región y donde, de acuerdo con Inteligencia Militar, se comercializan armas y droga gracias a los más de 8 millones de dólares que el narcotráfico le produciría a la guerrilla semanalmente. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones terroristas en Colombia, caso específico FARC es una organización jerarquizada y centralizada en la responsabilidad de la toma de decisiones en el Secretariado y Estado Mayor Central, como ha sido reconocido históricamente en sus estatutos el planeamiento y la ejecución de sus acciones terroristas, siendo la mayoría graves crímenes de lesa humanidad, denunciamos como responsables y autores intelectuales y materiales  a:

.Pedro Antonio Marín (conocido como Manuel Marulanda Vélez o tiro fijo). Considerado por algunos como el terrorista más antiguo del mundo, su sombra en este sentido fue Luis Alberto Morantes Jaimes, más conocido dentro del oscuro mundo del narcotráfico y el terrorismo como Jacobo Arenas.

Guillermo León Sáenz Vargas (conocido en el mundo del delito como Alfonso Cano)

Rodrigo Londoño Echeverri (a. Timoleon Jiménez)

Jorge Suárez Briceño (a. Mono Jojoy)

Luis Edgar Devia Silva (alias Raúl Reyes)

Luciano Marín Arango (alias Iván Marquéz)

German Suárez Briceño (conocido como Grannobles Rodríguez)

Luis Edgar Devia Silva (alias Raúl Reyes)

Esta denuncia pretende demostrar como el grupo terrorista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas) se encuentra adelantando actos terroristas contra personal  No combatiente y poniendo en riesgo permanente la vida de los pobladores de la región. De nuevo   los particulares se ven amenazados en su integridad personal toda vez que son víctimas de la demencia de las FARC atentado contra la integridad física valiéndose de artimañas prohibidas en los Protocolos de Ginebra

La comunidad internacional no puede permanecer indiferente frente a las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y protocolos de ginebra, cometidos por parte de organizaciones subversivas que actúan en el territorio Colombiano, quienes de manera flagrante vienen involucrando  a la población civil no combatiente en la guerra que libran contra el estado Colombiano.

La comunidad internacional deberá servir como garante del respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el desarrollo del conflicto que se libra en Colombia con los grupos terroristas, por lo tanto debe pronunciarse en contra de quienes atentan contra la población civil no combatiente.

El uso de armas no convencionales(Carros Bomba) y su repercusión en personas indefensas, debe ser condenado de manera enérgica por la Comunidad Internacional, y en especial por las organizaciones que promueven y promulgan el respeto y acatamiento del Derecho Internacional Humanitario.

Que las normas del Derecho Internacional Humanitario, aplicables en los conflictos armados de carácter no Internacional, consagran obligaciones tanto para el Estado como para los grupos insurgentes, en aplicación del articulo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949.

Que en las circunstancias actuales, en las que se desarrolla la confrontación armada en Colombia, es urgente adoptar medidas activas para proteger a las personas que no participan en las hostilidades, los no combatientes.

Instamos a las organizaciones mundiales a pronunciarse en contra de los vejámenes cometidos por los Grupos Terroristas internacionales en Colombia – FARC, ELN, AUC, - para que cesen sus actividades delictivas y saquen del conflicto a la población civil indefensa.

Exigimos a los cabecillas de las FARC – ELN  - AUC, que no utilicen a personas inocentes como “Ganchos ciegos”, es decir, induciéndolos a conducir y llevar paquetes bomba donde morirán sin saber su contenido ni el objetivo por el cual están siendo engañados.

Le pedimos a las organizaciones de la sociedad civil internacional que denuncien los homicidios, desapariciones, persecuciones y demás actos terroristas que a diario realizan los bandidos de las Farc, Eln y Autodefensas contra nuestros campesinos, niños y mujeres.

Instamos a la comunidad internacional para que le exija a los grupos armados ilegales en Colombia, que no tomen represalias contra toda forma de organización social que se oponen a la oleada de terror que a diario nos azota, para que no involucren a las pequeñas comunidades indígenas, campesinos y obreros.

Denunciamos la violencia indiscriminada y la violación a los Derechos Humanos y al D.I.H. a que a diario nos vemos sometidos todos los colombianos por un pequeño grupo de antisociales que dicen llamarse “Ejército del Pueblo FARC-EP“.

Exigimos que cesen toda actividad delictiva y se sometan a las normas de Ley que ofrece el gobierno de Colombia.