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Leila Roldán

 


Archivo de Instrucción: el caso Orlando Martínez es un escrito donde sale a relucir, de inmediato, la gallardía de una mujer valiente, muy valiente, al presentar un tertimonio desgarrante y acucioso sobre el proceso de un caso que a veintidós años aún se revuelve en la conciencia de toda una nación.

Pocas veces aparece una exposición con tal sencillez y precisión de un caso que ha sido tan manipulado y la posibilidad, con su aclaración, de involucrar las actuaciones de tantos sectores.

Resalta, además, la tensión conque la autora, Leila Roldán, logra atrapar a la persona que se involucra con el texto.  Ojalá muchas novelas pudieran contar con el atractivo que ella le imprime al tema y con la donosura del lenguaje que logra hacerlo.

Avelino Stanley

Escritor, Premio Nacional de Novela

 

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Motivada por esa preocupación he recopilado una gran parte de la información aparecida en la prensa nacional sobre el Poder Judicial Dominicano en los últimos cuatro años y en ocasión de celebrarse en esta semana el cuarto aniversario de la designación de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, esa recopilación se pone a disposición de todos los interesados. 

Gracias a la solidaridad de la Universidad INCE, el CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES y el apoyo de los juristas que colaboraron conmigo prestándome sus opiniones, a partir de esta noche circula la publicación: LA JUSTICIA DOMINICANA 1997-2001. 

A través de una ojeada a los periódicos y revistas que en estos años han recogido noticias, artículos y reflexiones en torno al desempeño de nuestra justicia, en este libro se muestran algunas de las características con que se ha ido definiendo la composición y naturaleza de este poder, designado en agosto de 1997 y que aún continúa en la función de administrar justicia.  Además, los comentarios de los colegas Juan Miguel Castillo Pantaleón, Leonardo Conde, Ramón Tapia Espinal, Lupo Hernández Rueda, Manuel Bergés hijo, Fernando Hernández Díaz, Mario Read Vittini, Jottin Cury hijo, Andrés Matos Sena, Juan Esteban Olivero Féliz, David La Hoz, César Alcántara y Juan Francisco Guerrero, con sus juicios calificados expresamente concebidos para completar esta obra, terminan de perfilar esta “fotografía jurídica” que va surgiendo con la lectura desde las primeras páginas. 

El balance, lamentablemente, no es positivo.  Descubrimos poco a poco que nos encontramos frente a una situación de doblez:  para el público en general, el despliegue de esfuerzos y recursos en el mercadeo de su imagen ha dado como resultado una mayor credibilidad en la institución; sin embargo, para los abogados, sus clientes, los justiciables, las víctimas, sus familias y todo aquel que en demanda de respeto a sus derechos se ve precisado a acudir a los tribunales, la pregonada mejoría no ha sido más que una gran ficción cosmética. 

Ficción que, por demás, ha querido justificar sus imperfecciones mediante la descalificación de la clase jurídica.  Precisamente ayer leía en una revista que los problemas de la justicia no sólo lo constituyen el obsoleto andamiaje jurídico y la complejidad de los procedimientos, sino que nosotros, los abogados, instrumentos indispensables para la correcta aplicación de las leyes, padecemos de una formación deficiente.  Es decir, no sólo nos ofrecen una justicia injusta, sino que nos culpan de ello. 

Por esa razón surge esta publicación.  No solamente para mostrar, a quienes todavía no han tenido el infortunio de enfrentarse a él, la verdadera faz del Poder Judicial dominicano, sino también para mostrarle las serias fallas de que adolece a los futuros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo. 

Llamando la atención de los organismos y funciones responsables de enmendar, rectificar y reformar tan importante ministerio, pretendemos exigir el cumplimiento de la responsabilidad jurídica, cívica y hasta moral, frente a la sociedad del futuro, de la fidelidad a las leyes, la Constitución y los Tratados Internacionales que persiguen la protección efectiva de los derechos individuales.  Especialmente el derecho a una justicia eficiente, gratuita y rápida. 

En ese sentido, y ante el fracaso evidente de las autoridades judiciales constituidas en 1997, fundados en las disposiciones constitucionales vigentes y en la nulidad radical y absoluta, por ser contraria a la Constitución, de la sentencia del 30 de septiembre de 1998, en la que se auto declaran vitalicios, demandamos el relevo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y la pronta evaluación de todos los demás miembros del tren judicial. 

Simplemente.

Leila Roldán

Palabras pronunciadas en el acto de presentación del libro.

Hacer click aquí ver libro completo: http://www.geocities.com/leilaroldan/

 

 

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