
Archivo de Instrucción: el caso
Orlando Martínez es un escrito donde sale a relucir, de inmediato, la
gallardía de una mujer valiente, muy valiente, al presentar un tertimonio
desgarrante y acucioso sobre el proceso de un caso que a veintidós años
aún se revuelve en la conciencia de toda una nación.
Pocas veces aparece una exposición con
tal sencillez y precisión de un caso que ha sido tan manipulado y la
posibilidad, con su aclaración, de involucrar las actuaciones de tantos
sectores.
Resalta, además, la tensión conque la
autora, Leila Roldán, logra atrapar a la persona que se involucra con el
texto. Ojalá muchas novelas pudieran contar con el atractivo que
ella le imprime al tema y con la donosura del lenguaje que logra hacerlo.
Avelino Stanley
Escritor, Premio Nacional de Novela
Ver:
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Motivada
por esa preocupación he recopilado una gran parte de la información
aparecida en la prensa nacional sobre el Poder Judicial Dominicano en los
últimos cuatro años y en ocasión de celebrarse en esta semana el cuarto
aniversario de la designación de los actuales jueces de la Suprema Corte
de Justicia, esa recopilación se pone a disposición de todos los
interesados.
Gracias
a la solidaridad de la Universidad INCE, el CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS JURÍDICOS
Y SOCIALES y el apoyo de los juristas que colaboraron conmigo prestándome
sus opiniones, a partir de esta noche circula la publicación: LA JUSTICIA
DOMINICANA 1997-2001.
A
través de una ojeada a los periódicos y revistas que en estos años han
recogido noticias, artículos y reflexiones en torno al desempeño de
nuestra justicia, en este libro se muestran algunas de las características
con que se ha ido definiendo la composición y naturaleza de este poder,
designado en agosto de 1997 y que aún continúa en la función de
administrar justicia. Además,
los comentarios de los colegas Juan Miguel Castillo Pantaleón, Leonardo
Conde, Ramón Tapia Espinal, Lupo Hernández Rueda, Manuel Bergés hijo,
Fernando Hernández Díaz, Mario Read Vittini, Jottin Cury hijo, Andrés
Matos Sena, Juan Esteban Olivero Féliz, David La Hoz, César Alcántara y
Juan Francisco Guerrero, con sus juicios calificados expresamente
concebidos para completar esta obra, terminan de perfilar esta “fotografía
jurídica” que va surgiendo con la lectura desde las primeras páginas.
El
balance, lamentablemente, no es positivo.
Descubrimos poco a poco que nos encontramos frente a una situación
de doblez: para el público
en general, el despliegue de esfuerzos y recursos en el mercadeo de su
imagen ha dado como resultado una mayor credibilidad en la institución;
sin embargo, para los abogados, sus clientes, los justiciables, las víctimas,
sus familias y todo aquel que en demanda de respeto a sus derechos se ve
precisado a acudir a los tribunales, la pregonada mejoría no ha sido más
que una gran ficción cosmética.
Ficción
que, por demás, ha querido justificar sus imperfecciones mediante la
descalificación de la clase jurídica.
Precisamente ayer leía en una revista que los problemas de la
justicia no sólo lo constituyen el obsoleto andamiaje jurídico y la
complejidad de los procedimientos, sino que nosotros, los abogados,
instrumentos indispensables para la correcta aplicación de las leyes,
padecemos de una formación deficiente.
Es decir, no sólo nos ofrecen una justicia injusta, sino que nos
culpan de ello.
Por
esa razón surge esta publicación. No
solamente para mostrar, a quienes todavía no han tenido el infortunio de
enfrentarse a él, la verdadera faz del Poder Judicial dominicano, sino
también para mostrarle las serias fallas de que adolece a los futuros
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, al Congreso Nacional y
al Poder Ejecutivo.
Llamando
la atención de los organismos y funciones responsables de enmendar,
rectificar y reformar tan importante ministerio, pretendemos exigir el
cumplimiento de la responsabilidad jurídica, cívica y hasta moral,
frente a la sociedad del futuro, de la fidelidad a las leyes, la
Constitución y los Tratados Internacionales que persiguen la protección
efectiva de los derechos individuales.
Especialmente el derecho a una justicia eficiente, gratuita y rápida.
En
ese sentido, y ante el fracaso evidente de las autoridades judiciales
constituidas en 1997, fundados en las disposiciones constitucionales
vigentes y en la nulidad radical y absoluta, por ser contraria a la
Constitución, de la sentencia del 30 de septiembre de 1998, en la que se
auto declaran vitalicios, demandamos el relevo de los jueces de la Suprema
Corte de Justicia y la pronta evaluación de todos los demás miembros del
tren judicial.
Simplemente.
Leila Roldán
Palabras pronunciadas
en el acto de presentación del libro.
Hacer click aquí ver
libro completo: http://www.geocities.com/leilaroldan/
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