Carta de la Cátedra

Al curso del segundo semestre de 2006-7

       Todo bachiller debe tener el derecho y la oportunidad de poder prepararse adecuadamente para optar a un cupo en la educación superior. Pero si no se dan las condiciones adecuadas, como producto de políticas educacionales y estrategias apropiadas, muchos estudiantes verían frustradas sus aspiraciones, al no tener los conocimientos y destrezas necesarias para responder a las exigencias de los estudios universitarios. Con relación a este problema, en el fracaso estudiantil hay una influencia comprobada del sector socioeconómico, región del país o zona de las grandes ciudades de donde provenga el estudiante.

       No se puede atribuir a las universidades fallas e inequidades debidas al desequilibrio en el desarrollo social de la población, así como a la aplicación de políticas de Estado que no han tenido resultados aceptables. A manera de ejemplo, la situación económica, caracterizada desde hace más de dos décadas por un proceso continuo de elevada inflación, pérdida del valor adquisitivo de la moneda y alto índice de desempleo, ha impedido que muchos jóvenes ingresen al sistema de educación formal.  Se vuelve prioritario conseguir un trabajo  para subsistir y colaborar con el ingreso familiar, con relación a la posibilidad de estudiar y adquirir una profesión universitaria. Las universidades nacionales están involucradas en el problema de la  desigualdad social en el sistema de educación superior y, sin lugar a dudas, tienen obligaciones que cumplir al respecto, pero no son la causa del problema sino parte de la solución.

       En mayor o menor medida, todas las universidades nacionales realizan importantes actividades que no se pueden ignorar al momento de hacer un análisis objetivo del problema en cuestión; aunque es necesario hacer un mayor y sostenido esfuerzo. En estos centros educativos hay  instancias institucionales –incluidas unidades de asesoramiento académico y orientación, comedor y transporte, asistencia médica y odontológica, etc.– destinadas a beneficiar a la comunidad estudiantil, particularmente a quienes provienen de las clases y sectores sociales más desfavorecidos. Existen también programas específicos de acción directa, como el exitoso Plan Samuel Robinson, de la Universidad Central de Venezuela, mediante el cual se promueve el ingreso y prosecución estudiantil de alumnos provenientes de liceos públicos y de estratos sociales económicamente desfavorecidos.

       Todo joven debe tener la oportunidad de recibir una educación de buena calidad, en condiciones de equidad y con criterio de justicia social; es un deber del Estado y un derecho ciudadano que se garantiza en la Constitución. No importa donde se encuentre, “una mente es algo demasiado valioso para desperdiciarla”.

Prof. Edmundo F. Felipe

Jefe de Cátedra, Cultivos Tropicales I

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