¿CÓMO SUPERAR LOS ASPECTOS POLÍTICOS DEL TLC?

 

José-Manuel MARTIN CORONADO

Economista por la Universidad de Lima (UL).

Asistente de Cátedra de Métodos Matemáticos de la Economía I y II, UL.

Alumno de Sétimo ciclo de la Facultad de Derecho de la UL.

 

El Tratado de Libre Comercio con EE.UU., como cualquier otro, a pesar de ser negociado por el Poder Ejecutivo, debe ser aprobado por el Congreso y no debe contravenir ninguna norma local; luego, requiere necesariamente de la aprobación del Congreso norteamericano en caso no se amplíen las facultades negociadoras del Gobierno de los EE.UU. Esta última etapa podría acabar con las aspiraciones del TLC con EE.UU o dejarnos “en sala de espera” al igual que el TLC de EE.UU. con los países caribeños; sin embargo, es al mismo tiempo un procedimiento necesario antes de convertirse en un documento de carácter permanente que regirá la actividad comercial entre ambos países.

 

No obstante, a puertas de un año preelectoral, es necesario que los organismos del Estado que puedan afectar la realización del TLC con EE.UU. sean cautos, técnicos e autónomos en sus acciones y decisiones y que la clase política anteponga el interés público a intereses personales, electorales o demagogias. En materia de política exterior, el Congreso debe involucrarse más para analizar, discutir, modificar, observar y aprobar acertadamente el tratado; en materia de competencia el Indecopi debe vigilar que el ingreso de los productos norteamericanos se mantenga dentro de los parámetros de la libre competencia; en materia Judicial, el Poder Judicial debe encargarse de otorgar la seguridad jurídica a los importadores de productos norteamericanos y los inversionistas extranjeros; y en materia de infraestructura, el Gobierno debe relanzar las concesiones de carreteras, puertos y aeropuertos, aspectos esenciales para responder correctamente a las nuevas exigencias del comercio internacional.

 

Es necesario destacar que es favorable para el TLC que el Congreso haya decidido prohibir la importación de ropa usada mediante una ley la cual servirá de principal sustento para evitar que este aspecto se siga intentando imponer en las negociaciones. Al mismo tiempo, la inclusión de los juzgados comerciales puede ser favorable para reducir el riesgo de que en el futuro las empresas norteamericanas se encuentren en procesos interminables como actualmente se reclaman en las negociaciones. Por otro lado, el Indecopi aún no tiene el poder suficiente para hacer efectivas sus sentencias en materia de competencia y es muy probable que los casos se desvíen al Poder judicial donde terminarán diluyéndose.

 

El Perú se encuentra casi a un año de las elecciones presidenciales y de parlamentarios, y el equipo negociador ya considera el enorme riesgo que ello significa para la aprobación del TLC. En otras palabras, este período previo se verá inundado por demandas y ofertas políticas con el objetivo de capturar votos, y sólo aquél político con metas y convicciones firmes no cambiará al rumbo de propuestas económicas que más le favorezca en votos. Por el lado de la demanda, se encuentran los gremios empresariales y de trabajadores, y los consumidores individuales que necesariamente esperan que el TLC les favorezcan a su plenitud.

 

En este sentido, la única alternativa para superar los aspectos políticos del TLC es ofreciendo medidas técnicas y adecuadas para la solución de los problemas emergentes en los diversos sectores más sensibles (particularmente, la agricultura) y generando conciencia en los gremios y agrupaciones que sus reclamos deben ser también fundados sobre criterios técnicos y no sobre demagogias ni reacciones ultranacionalistas o miedo al cambio empresarial e inversión necesaria para reducir los costos fijos.

Considero que las reglas de juego entre el Estado y los grupos de presión también deben ser claras. Es decir, de darse favorablemente los aspectos administrativos del TLC, cuando éste entre en vigencia, el Gobierno debería anunciar prudentemente que sólo dependerá de los agentes económicos el mayor aprovechamiento de esta nueva situación comercial y debe ser firme en su decisión de no otorgar ninguna ayuda adicional no prevista ante cualquier reclamo posterior.

 

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