|
Sitio oficial del escritor argentino: MARCELO D. FERRER |
Letra muerta
Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal
Marcelo D. Ferrer
La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(14/06/2004)
El gobierno nacional se
apresta a enviar al congreso el denominado proyecto de ley: Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal; una asignatura pendiente
con el FMI, cuyo lavado texto y flagrante incordia con nuestro
sistema federal de gobierno, avizora su incumplimiento.
Como tantas otras
leyes, ésta se agota en sus enunciados. Nace como letra muerta y a
sabiendas que ningún gobierno provincial la cumplirá y que ningún
gobierno nacional la exigirá.
En principio el proyecto de
ley que se envía al congreso es contrario a los principios
instituidos en nuestra Carta Magna puesto que limita severamente las
autonomías provinciales. Como con tantas otras leyes en que las
provincias delegan atribuciones constitucionales al gobierno central
-por caso la recaudación de impuestos directos que subvierte los más
elementales principios del federalismo-, esta ley acota la libertad de
las provincias para administrar sus autarquías
constitucionales, estableciendo controles y pautas
presupuestarias que, fijadas por el gobierno central, pudieran estar
lejos de las necesidades del pueblo de las provincias.
Art. 2: "El gobierno nacional, antes del 31 de
agosto de cada año presentará ante el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal el marco que deberán respetar las provincias
que adhieran al régimen. Se incluyen el resultado del sector público,
los límites fijados para el endeudamiento, las proyecciones de
recursos y la política salarial e impositiva que se implementará
en el próximo ejercicio. Además, figurarán expectativas de
precios, PBI y tipo de cambio."
Legislar sobre lo elemental
Pierde su tiempo
el congreso y el gobierno toda vez que sobre escribe pautas de sana
administración que, además de formar parte de sendos tratados de
finanzas públicas, son letra de leyes vigentes y principios
fundamentales de nuestra organización Institucional. Resulta
elemental que la ley fundamental para el reordenamiento fiscal de la
nación es la ley de presupuesto; a partir de esta ley, el estado
nacional transmite sus orientaciones políticas y económicas a la
nación y da a conocer a las provincias el destino de los recursos
nacionales, las pautas de crecimiento de la economía y su propia
proyección de recursos coparticipables. Vigente la ley de
presupuesto nacional, cada provincia traza su propio presupuesto, el
que, además, debería respetar los principios más elementales de
una sana administración. En cuanto a la responsabilidad de los
funcionarios públicos, demás está decir que abunda la legislación
al respecto, aunque, jamás se aplique.
Ahora bien, ¿debiéramos
ser benignos y pensar que a partir de esta ley los funcionarios públicos
harán mejor sus deberes? Es difícil convencerse de que si. Para
mejor si en este proyecto -pletórico de voluntarismo- no se
fijan sanciones de responsabilidad a los individuos, limitándose
las penalidades del artículo 32 al ámbito de las finanzas
provinciales; o, cuando existe la sospecha fundada -porque ya ha
ocurrido- de que una vez sancionada la ley jamás se constituya
el "Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal", y en
consecuencia, no exista un órgano competente que vele por su
cumplimiento.
Nacerá sospechada
esta ley de otro oportunismo ante las exigencias del FMI, como
aquellos 14 puntos que pactara en su momento Eduardo Duhalde con los
jefes provinciales -que jamás se cumplieron-, cuando consideraba
que un acuerdo con este organismo era imperioso para la continuidad
de su gobierno.
Conclusión
Aparece esta ley como una
muestra más de la liviandad con que se toma el ejercicio de la
función pública cuando no se tiene conciencia de las
responsabilidad que ella atañe. Pareciera que el concepto de
"gobernar" se limitara a la expresión de una voluntad de
hacer sin la propensión de procurar, para la población, un
efectivo bienestar. Debiera diferenciarse el oportunismo político
del oportunismo en los actos de gobierno puesto que mientras el
primero es apto para acceder a los estamentos del poder, el segundo
daña gravemente los intereses de la nación.