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El problema no es la inflación (Parte I)
30/11/2005
Por Marcelo D. Ferrer
 

En realidad la inflación es consecuencia de un problema más grave y profundo. El real problema es la falta de inversión y el déficit del estado.

 

Es por ello que todas las medidas que tiendan al control y a la persecución de empresarios en la búsqueda de contener la inflación, profundizarán el problema inflacionario al malograr, todavía más, el pobre clima de negocios en el país.

 

Un reciente informe del Banco Mundial pone un alerta que ya hemos tratado en otros comentarios. Aunque este informe del Banco Mundial se refiere a la inversión en infraestructura y previene que la carencia de ella detendrá el crecimiento, la prioridad para el momento económico argentino, es, también, la inversión productiva.

 

   Lo que debiera hacerse

 

La inflación tiene al menos dos componentes estructurales y uno social. Los estructurales son el desequilibrio entre la oferta y demanda de bienes -y no tanto de servicios-; y, la sobre expansión monetaria de sostener un dólar artificialmente alto. El otro componente se enlaza con el discurso reivindicativo social y la excesiva entidad que han adquirido los sindicatos, las organizaciones piqueteras, los desocupados y las agrupaciones de extrema izquierda.

 

Concurre al problema la estructura fiscal del estado, cuyo "superávit", en mayor medida, se compone de la recaudación de tributos que dependen de la sobrevaluación cambiaria; retenciones a los exportadores, por ejemplo, aunque debiéramos sumar también los ingresos aduaneros.

 

Si no hubiera la política de por medio, este problema se resolvería mediante una simplificación. Es decir, se ajusta el exceso de gasto estatal, se baja el tipo de cambio y se eliminan las retenciones a los exportadores. Ello produciría una mejora inmediata del salario real y más transparencia económica al evitarse los instrumentos de expansión y contracción monetaria.

  

Con casi los 27 mil millones de dólares en reservas que el actual esquema permitió mientras los precios relativos se reacomodaban en lentitud por la ociosa infraestructura productiva, encontrándose al límite ésta, el siguiente paso sería asegurar la caja y disminuir la exposición a una crisis que echaría por la borda todo. Es pues, tiempo de racionalidad y cambio.

 

Las razones políticas que impiden tal simplificación se basan en que esta alquimia fiscal para disfrazar el déficit, se hace para contener los estallidos sociales y para contribuir a una más equitativa redistribución del ingreso. Concretamente: el mensaje es que a través de las retenciones se le quita al rico y esa riqueza se distribuye en planes sociales o mediante el fomento de la obra pública.

 

Coincidimos en lo básico. Es una función insustituible del estado propender a la mayor equidad entre los ciudadanos. Por ello los impuestos son progresivos y por ello el que más tiene es el que más debiera contribuir.

 

Pero en la actual política hay mucho de hipocresía. Porque no se trata de distribuir superávit genuinos sino déficit, y estos déficit son generadores de inflación, y la inflación quita de una mano del carenciado, lo que se le ha puesto en la otra. Esta situación tensa el clima social.

 

Primera medida entonces: transparentar el real déficit de las cuentas públicas y procurar un genuino superávit fiscal que sea suficiente, además, para cubrir la porción infinanciable de la deuda pública.

 

En cuanto a la inversión pública hay que decir que ella es posible sí y sólo sí, existe un sector privado vigoroso que permite la recaudación suficiente para realizarla. Con lo cual, si no se impulsa fuertemente la inversión privada, la inversión pública perderá paulatinamente su impulso, y con ella, perderá impulso la economía.

 

Agreguemos en este punto que esta problemática debió haberse previsto con anterioridad y que en ello es fundamental la responsabilidad de Roberto Lavagna. Cuando la gravedad de la situación, por su urgencia, amenaza con males mayores, las alternativas para resolverla se reducen. Como ha pasado en otras oportunidades en nuestro país, en lugar de redimensionar la estructura del estado al nuevo estatus quo, se opta por una devaluación. Ahora mismo imagino a muchos tentados por hacerla. El excesivo incremento del gasto público improductivo del último año echa por tierra el enorme esfuerzo de todos, hoy, el rumbo de superávit, requiere ser encausado.

 

Si las cosas se hubieran planeado a conciencia, el asunto de la inversión debería haberse previsto; su incentivación debió comenzar el día que se puso en marcha el "plan Lavagna", que para la coyuntura de 2002 que recibiera su mentor -devaluación consumada mediante-, era una alternativa válida. 

 

Hay que decir, entonces, que si Roberto Lavagna y también el Presidente, hubieran contribuido a un mejor clima de negocios desde el comienzo, no estaríamos hoy ante la alternativa inexorable del ajuste.

 

Resuelto este tema que no es menor puesto que de certeza económica futura estamos hablando y ello propendería a una mayor credibilidad lo que mejoraría el clima de inversiones, debemos resolver dos asuntos coyunturales:

 

1) El problema social que el ajuste del estado implica. Es decir: ¿Cómo hacer el ajuste sin que aumente la pobreza o la sensación que se tiene de ella? Y,

 

2) el desequilibrio entre la oferta y demanda de bienes que, como dijimos, no es causa exclusiva de la inflación. 

 

No es necesario que las medidas se tomen abruptamente; basta con comenzar y dar señales claras a los agentes económicos del rumbo que se ha trazado; todavía se está a tiempo. Es decir, a medida que el estado va adecuando su estructura al tamaño posible de nuestra economía, converger a un sistema de seguro social mas equitativo, transparente y eficaz, que propenda a la vez al reentrenamiento de la mano de obra y a la reinserción social.

 

El segundo aspecto de la coyuntura casi encontraría solución por sí solo. Un tipo de cambio racional impulsaría la importación de bienes en falta que equilibrarían la demanda. Claro que habría que evitar el síndrome de los 90' y, aranceles mediante, equilibrar la menor competencia Argentina en relación a la de otros países y así, proteger la industria nacional, dándole, a la vez, un incentivo a la inversión para mejorar la competitividad.

 

Pero todo esto requiere un plan y que el plan sea consensuado. Debieran trazarse los objetivos a largo plazo, para luego, ocuparnos de la letra chica en un debate constructivo entre los sectores en pugna.

 

Para finalizar con este punto debiéramos agregar que Lavagna se fue porque no quería ser él el padre del ajuste, o porque el presidente jamás se lo hubiera permitido.

 

Como la matemática y como la física, la economía es una ciencia exacta por partida doble hasta, que la política y las expectativas entran en juego. Pero, en algún momento las distorsiones emergen y requieren de una corrección.

 

El componente social de la inflación

 

Es esto lo más grave de la situación. Concurren aquí la ceguera ideológica y los intereses espurios de algunos. A ello contribuye el discurso oficial y ese afán hegemónico que se concibe de la política, y por qué no decirlo, un mesianismo que trasciende nuestras fronteras y que adhiere a proyectos muy lejanos de la problemática de nuestro país. Esta locura -porque es desquiciada la carencia de sentido común- nos enfrenta a unos contra otros poniendo en riesgo la paz.

 

Para este problema es difícil encontrar soluciones porque contra la necedad y la ceguera mental, no es un arma la razón.

 

Nota del autor: ha sido intención poner este mensaje sin tecnicismos y evitando puntualidades para una mejor comprensión del lector no experto.

(Se autoriza su difusióncon mención de la procedencia)


(*) MARCELO D. FERRER nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Es Contador Público y Licenciado en Economía; Escritor, Poeta y Ensayista. Es miembro y ha presidido diversas O.N.G. dedicadas a la educación y al servicio comunitario.

 
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