Machu
Picchu
y su futuro
Una movida de último minuto del gobierno
peruano impidió lo que parecía inevitable: la inclusión
del santuario nacional de Machu Picchu en la lista del patrimonio
mundial en peligro. Si bien cabe alegrarse de que semejante baldón
no haya caído sobre los peruanos -porque es uno de los
símbolos que identifican a nuestro país en el mundo-
hay que decir con toda claridad que solo se ha obtenido una prórroga
y que la situación volverá a plantearse a menos
que el Estado cumpla aquello a lo que se ha comprometido.
Este compromiso ha sido expuesto por el viceministro
de Turismo Sergio Bravo -cabeza de una delegación integrada
por los ministerios de RREE, Comercio Exterior y Turismo e INC
de Cusco- ante el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco
reunido en Suzhou (China) y lleva el nombre de Proyecto de Reordenamiento
y Rehabilitación del Valle de Vilcanota, que es la zona
en la cual se encuentra Machu Picchu y su entorno.
Al decir entorno se involucra al causante principal
(pero no el único) de la situación: el pueblo de
Aguas Calientes, demostración de lo que puede causar el
desprecio de la ley en materia de urbanización salvaje
y especulación irresponsable. En Aguas Calientes, un poblado
de 3.000 personas ubicado al pie de la ciudadela inca, existen
dos hoteles de seis pisos, hostales, restaurantes, un mercado
artesanal, prostíbulos y edificaciones en laderas que sirven
de desfogue natural en una zona de lluvias.
Aunque no pocos expertos insisten en que lo mejor
sería su erradicación a otro lugar, el Plan Vilcanota
se compromete a convertirlo en un poblado ecológico, con
crecimiento ordenado y zona de servicios al turismo, con hoteles,
restaurantes y tiendas de artesanía, impidiendo y regulando
la expansión que se ha constituido en la mayor amenaza
para la estabilidad de la ciudadela inca.
Como parte de este plan se reubicará las
construcciones que ocupan 279 personas, las cuales habitan laderas
de cerros del lugar, zona vulnerable a desastres naturales como
deslizamientos y avalanchas, tal como quedó demostrado
hace pocos meses, cuando la crecida de una vía de agua
ocasionó el bloqueo de un cauce, inundación de viviendas
y varias muertes.
El proyecto propone también recuperar los
bienes históricos, ecológicos, culturales y sociales
del santuario de Machu Picchu, muchos de los cuales no han sido
suficientemente estudiados ni puestos en valor. Debe preservarse
los canales de drenaje que se encuentran en servicio y la vegetación
protectora que es esencial para el medio ambiente, pues impide
la erosión y permite el desarrollo de la fauna y flora
propias, etc.
No debe olvidarse que de estas medidas no puede
excluirse a la ciudadela inca, que no es una mina de oro cuya
explotación puede expandirse ilimitadamente. Hay que tomar
en cuenta estudios geodinámicos y de calidad de suelo,
los cuales han establecido que Machu Picchu solo puede aceptar
un máximo de 2,200 visitantes por día, o de lo contrario
sufrirá un deterioro irreparable.
De acuerdo a lo que se ha anunciado, el Estado
ejecutará este proyecto en un plazo de tres años,
con una inversión de ocho millones de dólares y
la participación de varios municipios del Cusco, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, el INC, Inrena y el Consejo Nacional
de Medio Ambiente. Esta confluencia luce frondosa y burocrática.
Ojalá dé paso a una estructura ejecutiva eficaz
y rápida.
Esto último es fundamental, pues no se
trata de esperar a que estemos en vísperas de una nueva
reunión del Comité del Patrimonio Mundial para tomar
medidas cosméticas que nos saquen de apuro. Ahora existe
un compromiso en firme del Estado peruano para proteger Machu
Picchu de la amenaza que se cierne sobre su futuro, y el cumplimiento
de ese compromiso será evaluado con rigor por la Unesco.
Si el santuario es declarado en peligro, será por causa
de nuestra propia desidia.
