La Constitución y
el presidencialismo

Rafael Roncagliolo.-

El Ministerio de Justicia ha tenido la feliz iniciativa de organizar un ciclo de conferencias sobre la necesidad de una nueva constitución. Este ciclo, inaugurado el viernes pasado, debe servir para repensar los temas de fondo de nuestra institucionalidad democrática.

Uno de ellos, si queremos una nueva Constitución para el siglo XXI, es sin duda el del régimen político, lo que, en su versión más simplificada, se refiere al dilema entre presidencialismo y parlamentarismo.

Prácticamente no hay político que no critique el presidencialismo exacerbado que ha agobiado toda nuestra vida republicana y que es una de las causas directas y principales de que no tengamos un sistema de partidos sólidos. El presidencialismo, en efecto, ha contribuido a constituir a una vida política que gira, cada día más, en torno a caudillos y no a organizaciones, y en la que los partidos se reducen crecientemente a la condición de meras maquinarias electorales.
Entre nosotros, quienes ejercen los protagonismos del gobierno y de la oposición han sido siempre personalidades individuales más que colectivos partidarios. Así, todos saben que, en nuestra historia, cuando un presidente ha nombrado a sus ministros entre los miembros de su partido, ello no ha significado que sea el partido el que gobierne.

Pero, a pesar de la extendida crítica al presidencialismo, a lo más que llega nuestra discusión constitucional es, por lo general, a proponer algún aumento en las atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros, lo cual es bueno pero insuficiente. Los argumentos utilizados para justificar la ausencia de propuestas parlamentaristas son principalmente dos: el primero es que el parlamentarismo va contra la tradición; el segundo, que para salir del presidencialismo se requiere previamente contar con partidos fuertes.

El argumento conservador, según el que no deben alterarse las tradiciones, se inspira en la idea de que es preferible lo malo conocido que lo bueno por conocer. Un argumento feble, ya que sólo cabe argüir el valor de la tradición cuando ésta se ha revelado mejor que otras alternativas, lo que no puede probarse en el caso del presidencialismo, precisamente porque nunca hemos experimentado un régimen diferente. A pesar de que la inmensa mayoría de las democracias contemporáneas son parlamentarias.

Y en cuanto al prerrequisito de los partidos fuertes, habrá que recordar que no los tendremos (a pesar del enorme paso adelante que es la ley de partidos) mientras no tengan la oportunidad de asumir corporativamente las funciones del gobierno o de la oposición.

Cuando ese sea el caso, pondrán mucho más cuidado al elegir a sus candidatos al Congreso. De modo que pedir que haya partidos fuertes antes de salir del presidencialismo es, en la práctica, negarse a cambiar de régimen político. A nadar, se aprende nadando.

Conviene recordarlo ahora, precisamente porque la frustración constitucional que vivimos requiere recuperar un debate que atienda no sólo a los procedimientos para llegar a la nueva Constitución sino que, también y sobre todo, a sus temas sustantivos.